Cómo destruir un servicio público

La gestión de los administradores del Telemadrid nombrados por el Partido Popular de Ignacio González ha conseguido que cada trabajador del Ente Público Radio Televisión Madrid cueste 20.000 euros más que antes de ejecutarse el ERE.Esto no significa que cada trabajador del EPRTVM tuviese tal salario; es la media que resulta de sumar los salarios sujetos a convenio más los opacos y elevados sueldos de directivos y enchufados fuera de convenio.

En 2012, antes del ERE, con unos 1.170 trabajadores en el Ente Público Radio Televisión Madrid los gastos de personal reconocidos por la dirección en su “estado financiero consolidado 31 de octubre 2012″ ascendían a 48.000.000 euros, 41.000 euros por persona. Esto no significa que cada trabajador del EPRTVM tuviese tal salario; es la media que resulta de sumar los salarios sujetos a convenio más los opacos y elevados sueldos de directivos y enchufados fuera de convenio.

Opacos porque no son de dominio público, pues no están publicados en el convenio colectivo o cualquier otro documento oficial a pesar de ser dinero público.

Elevados porque así se acredita del salario medio resultante después de un ERE brutal e ilegal de 861 despidos: con una plantilla de apenas 300 trabajadores, esos gastos de personal suponen 18.300.000 euros (61.000 euros por persona).

La explicación es muy sencilla. Los despedidos del ERE estaban incluidos en el Convenio Colectivo y sus salarios eran muchísimo más modestos que los del centenar de directivos, jefes y mandos intermedios que sobrevivieron al ERE y permanecen en el Ente Público Radio Televisión Madrid. Muchos de ellos con salarios superiores al del propio presidente del Gobierno de la Nación.

El ERE fue sentenciado como “no ajustado a derecho” por el Tribunal Supremo lo que facilitaba a la Dirección de Telemadrid la readmisión de los despedidos y ahorrarse las indemnizaciones. En su lugar la cadena presupuestará unos 21.000.000 de euros en 2015 para hacer frente a esas nuevas indemnizaciones. Sólo tiene previsto readmitir (por orden judicial en las sentencias individuales que se están sucediendo) a unos 60 despedidos (delegados sindicales o trabajadoras/es con licencias de maternidad o reducciones de jornada).

Ni ahorro ni buena gestión. Sólo una decidida voluntad política impulsada desde la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid de sustituir a una plantilla combativa en contra de la manipulación y en la defensa del servicio público de radio televisión, por trabajadores subcontratados a empresas externas. Negocio privado con dinero público, asegurando también el asfixiante control partidista de la información.